Durante la última década, los Estados de más de 10 países en Latinoamérica y el Caribe han trabajado en el área de facilitación del ambiente de negocios. Específicamente, estos han trabajado en proyectos de simplificación administrativa. En muchos casos, estos proyectos han sido promovidos por entidades y agencias de Cooperación Internacional.
Desde la perspectiva del Desarrollo los Programas de Mejora del Marco Jurídico para los Negocios o de Desarrollo del Sector Privado, tienen el objetivo de alcanzar un desarrollo más inclusivo, de manera que se alcancen mayores tasas de empleo y se reduzca la pobreza.
Bajo ese contexto, es necesario realizar estudios profundos, para establecer el impacto de los proyectos señalados, en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa (MYPIMES). Es importante identificar los factores que afectan a las MYPIMES, así como su desarrollo, luego de haber alcanzado la formalización de sus actividades.
La medición del impacto de los Programas de Mejora del Marco Jurídico para los Negocios o de Desarrollo del Sector Privado pretende determinar la causalidad y producir una mejora en la calidad de las intervenciones públicas o de la cooperación internacional. De esta manera se obtiene mayor impacto y mejores resultados en los proyectos. Para realizar esta labor de medición y de evaluación del impacto, es necesario crear sinergias entre las entidades y agencias de la cooperación internacional y establecer un cierto grado de armonización de la metodología empleada (lo cual permitirá comparar resultados). En este proceso, es necesario establecer definiciones comunes y estandarizar la información de los programas.
La iniciativa del Business Regulations Evaluation Group (BREG) pretende promover la evaluación y el estudio del impacto de largo plazo en las reformas que se viene realizando, así como determinar los costos y beneficios de la regulación en América Latina (donde la excesiva regulación ha sido la regla común). BREG es un intento de las entidades y agencias de cooperación internacional, que trabajan con los gobiernos en América Latina, para mejorar la calidad de la intervención estatal y reducir la sobre regulación de estas medidas
